El recientemente nombrado responsable de la comisión estatal Expo 2008, Roque Gistau es el presidente de Aguas Andinas, empresa participada por las multinacionales Aguas de Barcelona y Lyonnaisse de Eaux que se dedica a privatizar el agua en Chile, comprar políticos en una fraudulenta adjudicación, subir las tarifas, ocultar fallos en las depuradoras...Pero todo esto será casualidad, seguramente. En internet hay un artículo de la revista chilena Punto final en Aguas Andinas (Las pestilentes Aguas Andinas).
Las pestilentes Aguas Andinas
EL 29 de octubre del 2003 el presidente Lagos inauguró la planta de tratamiento de aguas servidas La Farfana, la más moderna de América Latina según la propaganda de Aguas Andinas. Un mes y medio después, la planta hizo crisis. En la foto: Lagos con Roque Gistau, presidente de Aguas Andinas, el ministro de OO.PP. y el intendente de Santiago.
Aquella mañana de mediados de octubre, cuando el presidente Ricardo Lagos inauguró la planta de tratamiento de aguas servidas La Farfana, difícilmente imaginó que la que fuera presentada como la quinta planta más grande del mundo -y la obra de descontaminación más importante de Chile- fallaría apenas 45 días más tarde. Sin duda, un récord de ineficiencia para este gigante de la descontaminación, cuya inauguración resonó como un cíclope en una mítica isla griega, según informó en su oportunidad cierta prensa proclive a las relaciones públicas y los adjetivos rimbombantes.
El fiasco puso en tela de juicio, una vez más, el proceso de privatización de los servicios básicos implementado por la Concertación, que ha significado continuas alzas de tarifas, despidos masivos y precarización laboral. Además, constituyó un verdadero balde de agua fría para el consorcio franco-español conformado por Aguas de Barcelona (Agbar) y Suez Lyonnaisse des Eaux, que adquirió en 1999 el 51,2 por ciento de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (Emos S.A.). Son la actual Aguas Andinas, en virtud de un proceso no exento de irregularidades. Sin embargo, y a diferencia de otras oportunidades en que la transnacional salió libre de polvo y paja, esta vez tendrá que pagar una multa de mil UTM (30 millones de pesos) que le fue aplicada por el Servicio Metropolitano del Ambiente (Sesma), luego de un sumario sanitario por los malos olores emanados de La Farfana. El hedor afectó a los habitantes de las comunas de Pudahuel y Maipú, que sufrieron dolores de cabeza, náuseas y mareos, por casi un mes.
Según determinó el Sesma, la pestilencia fue provocada por una falla en seis de los ocho digestores con que cuenta la planta; a través de ellos son tratadas las materias sólidas (fecas) de las aguas servidas. Sin embargo, lo más grave es que Aguas Andinas lejos de informar el desperfecto a las autoridades, ocultó la falla. En declaraciones previas al dictamen sanitario, el Superintendente de Servicios Sanitarios, Juan Eduardo Saldivia, declaró que indudablemente aquí hay fallas de Aguas Andinas. Ahora, si esas fallas son culposas, dolosas o de negligencia, lo determinará el sumario sanitario que está llevando adelante el Sesma. La multa, una de las más altas aplicadas en este tipo de casos, ahorra comentarios.
Pudahuel: comuna estigmatizada
Para el alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco, la situación fue grave, porque afectó a una comuna golpeada por problemas de carácter ambiental. En invierno somos los más afectados por la contaminación atmosférica, las inundaciones y ahora, también por los malos olores, indicó Carrasco. Vive en Pudahuel, de modo que sintió directamente la pestilencia. Contó que los vientos traían un hedor insoportable desde Maipú, comuna donde está emplazada La Farfana. Aseguró a Punto Final que el mal olor afectó también a las comunas de Lo Prado, Cerro Navia, Maipú y Lampa. Me extraña que no hayan reaccionado, comentó el alcalde de Pudahuel.
Con indisimulado orgullo relató que con dirigentes sociales y habitantes de su comuna iniciaron diversas acciones. Denunciamos la situación; tomamos contacto con la Conama, el Sesma, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y nos constituimos en La Farfana para exigir una respuesta. Piensa que la capacidad de reacción y organización de los habitantes de Pudahuel fueron esenciales para lograr que Aguas Andinas fuera castigada con una multa y que la empresa, finalmente, accediera a descontar el pago de un mes por concepto de tratamiento de aguas servidas a los vecinos de Pudahuel. Cabe señalar, que la puesta en marcha de La Farfana aumentó 900 pesos, en promedio, las cuentas de agua potable en Santiago.
Johnny Carrasco explicó que este hecho marca un precedente para otras empresas como Chilectra y Telefónica, también en manos de capitales españoles. Es el inicio para que los pobladores comiencen a estructurar un nuevo tipo de organización, señaló. Para eso espera constituir en Pudahuel los denominados equipos Sernac para resguardar a los consumidores.
Respecto del accionar de Aguas Andinas en la emergencia, Carrasco insistió que sin organización los vecinos no hubiesen logrado nada. Cuando comenzaron los malos olores y personal del municipio constató que provenían de La Farfana, la empresa lo negó. Pasaron quince días antes que reconocieran la falla y se comprometieran a solucionarla. Respondieron que habían fallado los digestores de la planta y que estaban tratando los lodos con cal. El problema es que la pestilencia continuaba, sostuvo el alcalde Carrasco.
Para el edil, hechos como este suceden porque hay demasiada libertad para las transnacionales en Chile. La fiscalización es muy blanda. Entidades como Conama, Sesma y la Superintendencia, están muy limitadas por una legislación permisiva y poco clara, asegura. En ese sentido, cuestiona que las privatizaciones hayan significado mayor eficiencia, como se prometió. Después de situaciones como ésta, pienso que el Estado puede y debe tener sus propias empresas y actuar con mas eficiencia, agrega el alcalde.
Historia de impunidad
Pero el caso de La Farfana no es el único en que la transnacional franco-española ha ocultado información. De hecho, ha enfrentado otras denuncias e incluso una investigación de una comisión especial de la Cámara de Diputados. Sin embargo, hasta el dictamen del Sesma, aplicándole una multa, el resultado de esas iniciativas invariablemente fue la impunidad para la trasnacional.
Pocos recuerdan que la participación de Interaguas -nombre con el cual Agbar y Suez Lyonnaisse des Eaux se presentaron a la licitación de Emos- fue duramente cuestionada. La razón: un informe secreto que daba cuenta de la existencia de una alianza estratégica entre Endesa-España y Aguas de Barcelona (Agbar) en 1994, de la cual Interaguas no dio información. El pacto contravenía las normas sobre libre competencia contenidas en el decreto ley 211, de 1973. En la práctica, se generaba un escenario en que Endesa-España podía ser controlador y ejercer una influencia decisiva en la propiedad de Emos.
Lo grave es que si se hubiera conocido este antecedente antes de la licitación, Interaguas hubiese quedado fuera y hoy no tendría el control de Emos. En la oportunidad, los parlamentarios democratacristianos Pablo Lorenzini, Luis Pareto, Jaime Jiménez y Miguel Hernández impulsaron la conformación de una comisión investigadora de la licitación de Emos, para indagar la omisión de Interaguas y los motivos de Corfo para no examinar los antecedentes de la transnacional. Uno de los aspectos que despertó sospechas en los parlamentarios fue que el abogado del estudio Prieto y Asociados, Joaquín Villarino, contratado por Corfo para revisar los antecedentes de las empresas que participaron en la licitación, fuera nombrado por Interaguas como fiscal de Emos, luego de ganar la licitación. Villarino, hijo del jefe de informaciones de El Mercurio, de igual nombre, ocupa hasta el día de hoy importantes cargos en Aguas Andinas y otras empresas del grupo hispano-francés.
Estos hechos, que en cualquier democracia hubiesen significado un escándalo y la anulación de la venta de la empresa, en Chile pasaron inadvertidos. Así, la investigación que realizó la comisión de la Cámara baja durante casi un año y medio, no arrojó resultados. En nada quedaron las encendidas declaraciones del diputado DC Jaime Jiménez, presidente de la comisión, quien aseguró que el informe final de la investigación recomendaría remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que presentara acciones judiciales.
Alza de tarifas
Una vez en posesión de Emos, la transnacional se abocó a conseguir alza de las tarifas. Para ello no escatimó esfuerzos y desarrolló un intenso lobby que incluyó a un poderoso y antiguo aliado de Endesa-España: el entonces presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Frei había jugado un rol fundamental en la privatización de Emos, al adelantar su venta originalmente prevista para después del término de su mandato. La idea era privatizar primero otras sanitarias más pequeñas, a fin de evaluar los resultados del proceso. Los nuevos dueños de Emos jugaron sus cartas con tranquilidad. No se equivocaron porque a pesar que los cálculos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios indicaban que las tarifas de Emos para el quinquenio 2000-2005 debían bajar en 6 por ciento, ellos propusieron un incremento superior al 50 por ciento. La estrategia del tejo pasado dio sus frutos: una comisión técnica arbitral estableció un rango de alza entre 20 y 40 por ciento, de acuerdo al consumo, lo que significó un incremento global de al menos 19 por ciento. Esto, antes de mover un sólo metro cúbico de tierra para construir las plantas de tratamiento de aguas servidas. Posteriormente, y luego de esa alza, Aguas Andinas ha subido la tarifa en dos oportunidades: con la puesta en marcha de las plantas El Trebal y La Farfana. Cabe resaltar, que en la construcción de ambas plantas ha participado Sigdo Koppers, empresa estrechamente ligada a Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Emiliano Villa